El Fondo Monetario Internacional (FMI) no es sólo el gran prestamista de última instancia al que acuden los gobiernos en emergencia financiera, sino que además es el gran vigilante encargado de disciplinar a los países miembros para evitar nuevas crisis y su contagio sobre los vecinos. Esta vigilancia no fue capaz de evitar la caída de Wall Street a fines de 2008 y la consiguiente crisis de la economía global, ya que el FMI no tiene dientes capaces de sujetar a las economías más poderosas, pero para el resto de los ministros de Finanzas del planeta, como en la canción mexicana, “su palabra es la ley”.

Dejar caer la Ronda de Doha es la mejor solución. Hay tal enredo en el enfoque actual que lo hace opaco y muy difícil de aplicar, en particular para los países en desarrollo que no cuenten con una burocracia especializada. Esto no significa el final de la OMC y hay algunas lecciones que aprender cuando se revisan las razones del fracaso.

El informe de Human Right Watch, denominado "¿Derecho o Ficción?: La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva", documenta los numerosos obstáculos que enfrentan mujeres y niñas que intentan recibir servicios de salud reproductiva a los cuales tienen derecho, tales como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Survival International ha publicado el informe "Presos del desarrollo. Pueblos indígenas y represas hidroeléctricas". El documento, denuncia cómo las hidroeléctricas, impulsadas en el contexto de las acciones "verdes" de preservación al medio ambiente, están desplazando a pueblos indígenas de Asia, África y América.

En el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT para dejar el crudo en tierra, se firmó el largamente esperado fideicomiso entre el gobierno de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta Iniciativa se configuraría un escenario en el que (casi) todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional, salvo, por cierto, las empresas petroleras, sus intermediarios y tinterillos empeñados en extraer el crudo del ITT.

En materia de garantías para los defensores de derechos humanos en Colombia, los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez no dejan el balance más alentador. Las evaluaciones realizadas por las diferentes plataformas nacionales de derechos humanos señalan que los dos períodos presidenciales, que culminarán el próximo 7 de agosto, dejan tras de sí una estela de graves hechos que no sólo afectaron el ejercicio de esta labor vital para la democracia sino que además pusieron en riesgo (y cobraron) la vida de cientos de activistas.